SANTO DOMINGO. Una auditoría a la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD) puso bajo la lupa procesos de compras y contrataciones que suman RD$628,367,484. El informe de la Contraloría General de la República examina operaciones realizadas entre septiembre de 2021 y diciembre de 2024.

La investigación fue dada a conocer el 12 de octubre de 2026 por el periodista Julián P. Herrera, del periódico Acento. Los hallazgos señalan fallas de planificación, controles administrativos insuficientes y una adjudicación cuestionada por posibles vínculos familiares.

¿De dónde salen los RD$628 millones?

La cifra corresponde a tres grupos de procesos observados por la auditoría, no a un monto cuya desaparición haya sido demostrada:

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  • RD$335,583,684: cuatro compras que no figuraban en el Plan Anual de Compras y Contrataciones.
  • RD$230,985,489: contratos tramitados como urgencia pese a que las necesidades estaban previstas en la planificación.
  • RD$61,798,311: una adjudicación con indicios de posible conflicto de interés por parentesco.

Estos señalamientos apuntan a la forma en que se prepararon y adjudicaron los procedimientos, una dimensión clave de la transparencia presupuestaria.

¿Qué respondió la Fuerza Aérea?

La FARD comunicó que trabaja para corregir deficiencias, fortalecer los controles sobre proveedores y regularizar registros de inventarios y bienes. En varios puntos atribuyó las diferencias a problemas documentales y trámites pendientes.

La Contraloría, sin embargo, mantuvo las observaciones y pidió planes de acción con responsables, plazos y evidencias verificables.

¿Solo encontraron problemas en las compras?

No. También se reportaron debilidades en cuentas bancarias, elaboración de estados financieros, inventarios, vehículos sin documentación completa y títulos de terrenos pendientes de regularización.

El alcance de la fiscalización permite plantear otra pregunta: ¿quién comprobará que las correcciones anunciadas se hayan ejecutado realmente?

¿La auditoría demuestra un desfalco?

No. El monto señalado reúne procesos administrativos observados. Por sí sola, la auditoría no demuestra la sustracción de RD$628 millones ni establece responsabilidad penal individual. Cualquier eventual imputación requiere pruebas y procedimientos legales.

La ciudadanía puede exigir transparencia sobre los correctivos y su seguimiento sin convertir hallazgos administrativos en condenas anticipadas.

Fuente: Investigación original de Julián P. Herrera en Acento, 12 de octubre de 2026. Información de Presidencia sobre publicación de auditorías.