SANTO DOMINGO. El Poder Ejecutivo dominicano autorizó la entrega en extradición a Estados Unidos de tres ciudadanos dominicanos mediante los decretos 716-26, 717-26 y 718-26, divulgados en el registro oficial de la Presidencia el 15 de octubre de 2026.
Las disposiciones corresponden a solicitudes de la justicia estadounidense, pero autorizar una extradición no significa que el traslado ya se haya ejecutado ni que la persona requerida haya sido declarada culpable.
¿Quiénes aparecen en los decretos?
La lista oficial de la Presidencia identifica a tres nacionales dominicanos:
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- Decreto 716-26: Darío Bautista.
- Decreto 717-26: Ramón Joaquín Romero Bastardo.
- Decreto 718-26: Luis Arismendy Paca Méndez.
Las tres normas disponen su entrega en extradición a Estados Unidos. Cada solicitud corresponde a un procedimiento judicial propio; no debe confundirse la existencia de los decretos con una condena firme por los cargos atribuidos en ese país.
¿Qué significa una extradición autorizada?
La extradición es un mecanismo de cooperación internacional mediante el cual un Estado entrega a una persona requerida por la justicia de otro país, conforme a sus normas, tratados y garantías procesales.
La autorización ejecutiva constituye un paso relevante de ese procedimiento. Sin embargo, para afirmar que alguien ya fue trasladado se necesita una confirmación sobre la entrega material a las autoridades receptoras.
¿Quién firmó las decisiones?
Las disposiciones fueron suscritas por la vicepresidenta Raquel Peña, en funciones de encargada del Poder Ejecutivo, según la información divulgada sobre estos actos.
Los decretos aparecen en el portal oficial de la Presidencia con numeración consecutiva, pero las autoridades deben aportar las precisiones correspondientes sobre la fecha efectiva del traslado y la situación procesal de cada requerido.
¿Qué derechos conservan los extraditados?
Una solicitud de extradición no elimina el derecho a la defensa ni la presunción de inocencia en los procesos penales que correspondan. Las acusaciones deberán examinarse ante las autoridades judiciales competentes y con las garantías legales aplicables.
La cooperación entre países busca que las personas requeridas comparezcan ante los tribunales, no anticipar el resultado de los juicios.
Fuente principal: Registro oficial de decretos de la Presidencia de la República (716-26, 717-26 y 718-26).
