Editorial | La Isla Ahora
Bajada: Las comunidades incomunicadas y las interrupciones del suministro de agua provocadas por las recientes lluvias evidencian la necesidad de fortalecer las infraestructuras, mejorar la planificación territorial y convertir la prevención en una política permanente.
Santo Domingo, República Dominicana, 27 de octubre de 2026. Cada vez que las lluvias intensas afectan a República Dominicana, miles de ciudadanos vuelven a enfrentarse a una realidad preocupante: caminos interrumpidos, viviendas inundadas, comunidades aisladas y servicios esenciales que dejan de funcionar.
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Las precipitaciones registradas durante los últimos días han puesto nuevamente a prueba la capacidad de respuesta de las autoridades y la resistencia de las infraestructuras nacionales.
Según el informe de situación número tres del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), con corte a las 11:00 de la mañana de este martes 27 de octubre de 2026, las lluvias habían dejado 30 comunidades incomunicadas, 105 viviendas afectadas y 28 acueductos fuera de servicio, perjudicando el abastecimiento de agua de 485,911 usuarios.
El organismo también informó de 412 personas afectadas, seis desplazadas y daños en dos carreteras y un puente. Al momento de ese informe, no se registraban fallecidos ni viviendas completamente destruidas. Estas cifras corresponden a ese corte informativo y pueden cambiar en balances posteriores.
Estas cifras deben servir para algo más que describir una emergencia. Deben impulsar una reflexión nacional sobre la prevención de inundaciones en República Dominicana y la protección de nuestras comunidades.
La emergencia no comienza cuando se desborda un río
República Dominicana conoce desde hace décadas los riesgos asociados con las lluvias intensas, las crecidas de ríos, los deslizamientos de tierra y las inundaciones urbanas.
Sin embargo, conocer esos peligros no significa que todas las comunidades estén preparadas para enfrentarlos.
Cuando una carretera queda interrumpida, las consecuencias pueden extenderse mucho más allá de las dificultades del tránsito. También pueden verse comprometidos el acceso a centros de salud, el transporte de alimentos, la asistencia a las escuelas y la llegada de los organismos de emergencia.
Por eso, la prevención no debe limitarse a emitir alertas meteorológicas. Debe incluir inversiones sostenidas en infraestructura, mantenimiento, ordenamiento territorial y educación ciudadana.
Reconocer la respuesta y exigir soluciones duraderas
Es justo reconocer el trabajo del COE, la Defensa Civil, las Fuerzas Armadas y las demás instituciones que participan en las labores de prevención y respuesta.
Sus intervenciones resultan fundamentales para proteger vidas, orientar a las familias y asistir a quienes se encuentran en situaciones de riesgo.
Pero la respuesta inmediata, por necesaria que sea, no sustituye las soluciones estructurales.
El país necesita identificar los puntos donde las carreteras se interrumpen repetidamente, evaluar la resistencia de los puentes y pasos vulnerables, mejorar los drenajes y proteger los sistemas de abastecimiento de agua.
También es necesario examinar cómo se construye y dónde se permite construir, especialmente en áreas expuestas a inundaciones y deslizamientos.
La responsabilidad es compartida entre el Gobierno central, los ayuntamientos, las instituciones técnicas y la ciudadanía, aunque cada uno tiene obligaciones diferentes.
El acceso al agua también es parte de la seguridad
Uno de los aspectos más preocupantes de esta emergencia es la interrupción de 28 acueductos, con cientos de miles de usuarios afectados.
Cuando el agua potable deja de llegar a los hogares, las consecuencias alcanzan la higiene, la preparación de alimentos y el funcionamiento cotidiano de familias, escuelas y establecimientos.
Esto demuestra que la seguridad de una comunidad no depende únicamente de tener calles transitables. También requiere servicios básicos capaces de recuperarse rápidamente después de un fenómeno atmosférico.
La protección de las fuentes de agua, las plantas de tratamiento y las redes de distribución debe ocupar un lugar prioritario en los planes de adaptación y gestión de riesgos.
La prevención debe medirse en resultados
El país necesita indicadores públicos que permitan conocer qué obras se realizan en las zonas vulnerables, cuáles han sido sus resultados y qué comunidades continúan expuestas.
No basta con anunciar intervenciones después de cada episodio de lluvias. Es necesario dar seguimiento a los proyectos, transparentar los recursos invertidos y evaluar si las medidas adoptadas reducen efectivamente los daños.
La prevención requiere continuidad, independientemente de los cambios de autoridades o de las circunstancias políticas.
También exige escuchar a las comunidades, que suelen conocer con precisión cuáles caminos se inundan, qué cañadas se desbordan y qué servicios fallan primero.
Un compromiso con las comunidades más vulnerables
Las familias que viven en zonas de riesgo no necesitan únicamente asistencia cuando llega una emergencia. Necesitan oportunidades para vivir con mayor seguridad durante todo el año.
Eso implica políticas de vivienda, soluciones de drenaje, protección ambiental, mantenimiento de infraestructuras y, cuando resulte indispensable, procesos de reubicación planificados y respetuosos de los derechos de las personas.
Las lluvias son fenómenos naturales. Pero una parte importante de sus consecuencias puede reducirse mediante decisiones oportunas, inversiones adecuadas y una planificación responsable.
Desde La Isla Ahora consideramos que la prevención debe convertirse en una prioridad nacional permanente. Reconocer el esfuerzo de los organismos de emergencia y exigir mejores infraestructuras no son posiciones contradictorias: son dos responsabilidades necesarias.
El verdadero avance de un país no consiste solamente en responder cuando ocurre una emergencia, sino en conseguir que cada nueva lluvia encuentre comunidades mejor protegidas que la anterior.
Porque una nación preparada no es aquella que nunca enfrenta desastres, sino aquella que trabaja todos los días para reducir sus consecuencias.
