La Isla Ahora
Editorial | La Isla Ahora
Bajada: La permanencia de empleados públicos en un edificio del Distrito Nacional señalado por riesgos estructurales ante eventos sísmicos extremos plantea preguntas sobre prevención, responsabilidad institucional y seguridad laboral.
Santo Domingo, República Dominicana, 26 de octubre de 2026. La prevención de tragedias no debería comenzar después de que ocurre una emergencia.
SIGUE LEYENDO GRATIS
Suscríbete gratis para continuar leyendo y recibir las noticias más importantes, directas y sin rodeos.
Al suscribirte aceptas recibir noticias y boletines de La Isla Ahora. Puedes darte de baja cuando quieras.
Esa es la reflexión que surge ante las informaciones sobre la permanencia de oficinas de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales en el antiguo edificio de las Cortes de Apelación del Distrito Nacional, una instalación donde previamente se identificaron vulnerabilidades estructurales frente a posibles eventos sísmicos extremos.
El Poder Judicial informó el 29 de abril de 2025 que estudios de la firma Epsa Labco habían identificado riesgos para la seguridad de jueces, servidores y usuarios debido al deterioro de la estructura. Mediante la Resolución 21-2025, del 25 de abril, dispuso medidas para trasladar servicios y utilizar medios digitales. El proceso de reubicación de 21 tribunales se desarrolló en 2025.
El estudio de vulnerabilidad, realizado en 2021, se refería específicamente a riesgos ante eventos extremos, como sismos. Esa precisión es esencial: no equivale a afirmar que el edificio vaya a colapsar de manera inminente.
La situación merece atención porque plantea una pregunta elemental:
Si los riesgos fueron suficientemente importantes para trasladar tribunales, ¿qué medidas se adoptaron para proteger a quienes continuaron trabajando en el inmueble?
Los informes técnicos deben producir decisiones
La utilidad de una evaluación estructural no consiste únicamente en identificar vulnerabilidades.
Su verdadero valor está en permitir que las autoridades adopten medidas antes de que ocurra una emergencia.
República Dominicana se encuentra en una región de actividad sísmica, una realidad geográfica que exige planificación y vigilancia permanente de las infraestructuras públicas y privadas.
No todos los edificios presentan el mismo nivel de riesgo ni requieren idénticas intervenciones.
Sin embargo, cuando existen estudios que advierten sobre vulnerabilidades, las instituciones deben explicar cómo gestionan esos hallazgos, qué evaluaciones posteriores se han practicado y qué medidas de protección se mantienen vigentes.
La seguridad no debe depender de la institución que ocupa el edificio
Los servidores públicos tienen derecho a desarrollar sus labores en instalaciones que cumplan las condiciones de seguridad correspondientes.
Ese principio debe aplicarse sin distinción entre jueces, personal administrativo, técnicos o empleados de cualquier dependencia estatal.
La protección de la vida y la integridad física no puede quedar condicionada a la importancia institucional de una oficina.
Si un inmueble requiere desocupación, reforzamiento o medidas provisionales de protección, esas decisiones deben fundamentarse en criterios técnicos y extenderse a todas las personas expuestas al riesgo correspondiente.
Prevenir también es rendir cuentas
Una investigación publicada por Diario Libre este 26 de octubre de 2026 constató que la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales todavía opera en el inmueble del Centro de los Héroes, donde también se observó movimiento de personal relacionado con el Ministerio Público.
Según esa información, la institución penitenciaria ha avanzado en su reubicación hacia instalaciones donde funciona el Instituto Agrario Dominicano, en la avenida 27 de Febrero, y espera completar el traslado en aproximadamente un mes. Se trata de una previsión informada, no de una mudanza concluida ni de una fecha definitiva certificada.
El anuncio representa un paso que deberá concretarse y verificarse.
Mientras tanto, sería conveniente que las autoridades expliquen qué medidas de seguridad se mantienen vigentes, si existen evaluaciones estructurales actualizadas y cuáles son los plazos para terminar la reubicación.
No corresponde afirmar, sin un nuevo informe técnico que lo demuestre, que el edificio está ante un colapso inminente.
Pero tampoco sería responsable ignorar los riesgos documentados y las decisiones institucionales que motivaron el traslado de los tribunales.
Entre el alarmismo y la indiferencia existe un camino: la prevención sustentada en evidencia.
Una lección para todas las instituciones públicas
El caso también invita a revisar las condiciones estructurales de otros edificios estatales.
Escuelas, hospitales, tribunales y oficinas administrativas deben contar con programas de inspección, mantenimiento y gestión de riesgos.
La prevención sísmica no puede depender exclusivamente de la reacción ante un terremoto.
Debe convertirse en una práctica permanente de la administración pública, con criterios técnicos, presupuestos claros y seguimiento de las recomendaciones.
Nuestra posición editorial
Desde La Isla Ahora consideramos que la seguridad de los empleados públicos debe ocupar un lugar prioritario en las decisiones institucionales.
Los estudios técnicos que identifican riesgos deben acompañarse de acciones oportunas, cronogramas verificables y comunicación transparente.
El traslado anunciado debe completarse con la diligencia que amerita la protección de las personas.
Una institución responsable no espera a que ocurra una tragedia para demostrar que tomó en serio las advertencias.
La prevención puede parecer costosa cuando todo funciona con normalidad.
Pero cuando ocurre una emergencia, las consecuencias de haber ignorado las señales pueden ser irreparables.
La seguridad estructural no es un lujo administrativo. Es una responsabilidad del Estado.
