Lo que ocurre en la vecina nación ya no puede analizarse únicamente como una crisis de seguridad. Estamos frente a una tragedia humana, institucional y social que amenaza con prolongarse indefinidamente si no se producen soluciones estructurales.

Y la pregunta que debe hacerse la comunidad internacional es inevitable: ¿cuántas vidas más tendrán que perderse antes de que Haití recupere el control de su propio destino?

La respuesta militar no puede ser la única solución

Los acontecimientos de los últimos días reflejan la gravedad de la situación.

La desaparición de cuatro técnicos militares salvadoreños, tras un ataque de grupos armados el 18 de octubre, provocó una importante movilización de tropas de El Salvador hacia territorio haitiano, en una operación anunciada por el presidente Nayib Bukele para rescatar a sus compatriotas.

El despliegue, que según un reporte de Reuters del 29 de octubre alcanzaba aproximadamente 2,000 militares salvadoreños la noche anterior, conforme a una fuente de seguridad citada por esa agencia, representa una nueva etapa en los esfuerzos por enfrentar a las pandillas que mantienen bajo amenaza amplias zonas del país. Esa cifra debe entenderse como un reporte atribuido, no como un balance oficial definitivo.

Sin embargo, la presencia de más soldados no garantiza por sí sola la recuperación de la paz.

Haití necesita recuperar sus instituciones, fortalecer su Policía Nacional, restablecer el funcionamiento de la justicia y garantizar que sus ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin someterse al poder de organizaciones criminales.

Porque una nación no recupera verdaderamente su libertad cuando cambian las armas que patrullan sus calles, sino cuando sus ciudadanos pueden volver a vivir sin miedo.

Las víctimas no pueden desaparecer detrás de las estadísticas

Las cifras humanitarias son estremecedoras.

Según la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (IPC), aproximadamente 5.94 millones de haitianos enfrentan inseguridad alimentaria aguda entre septiembre de 2026 y febrero de 2027. A su vez, los registros humanitarios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sitúan en alrededor de 1.49 millones a las personas desplazadas internamente en su medición de julio de 2026. Son indicadores distintos, con períodos de referencia diferentes.

Detrás de esas estadísticas hay niños sin escuelas, madres que no saben cómo alimentar a sus hijos y familias que sobreviven entre la violencia, el hambre y la incertidumbre.

No podemos permitir que el sufrimiento de esas personas desaparezca detrás de los titulares sobre enfrentamientos armados.

República Dominicana no puede ser indiferente, pero tampoco asumir una responsabilidad que no le corresponde

Compartimos una isla, una frontera y realidades que, aunque diferentes, inevitablemente se conectan.

El Estado dominicano tiene el derecho y la obligación de proteger su territorio, preservar su soberanía y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader, al establecer una posición preventiva frente a cualquier avance de las bandas hacia la frontera dominicana, reflejan la importancia que ha adquirido la vigilancia de este conflicto.

Pero proteger nuestra frontera no significa abandonar la solidaridad humana ni convertir la tragedia haitiana en un enfrentamiento entre pueblos.

Significa comprender que la estabilidad de Haití también constituye un asunto de interés estratégico para República Dominicana y para toda la región.

La comunidad internacional debe asumir compromisos verificables, fortalecer la cooperación con las instituciones haitianas y garantizar que las operaciones contra las pandillas respeten la vida de la población civil.

También resulta indispensable combatir las redes de tráfico de armas, los mecanismos de financiamiento criminal y las estructuras que permiten que estos grupos continúen operando.

De poco servirá combatir a los pandilleros en las calles si las organizaciones criminales mantienen intactas sus fuentes de dinero, armamento y reclutamiento.

Haití necesita seguridad, instituciones y democracia

Haití necesita seguridad, pero también justicia, alimentos, oportunidades y un camino creíble hacia la estabilidad democrática.

El nuevo calendario electoral publicado el 28 de octubre por el Consejo Electoral Provisional, que contempla la primera vuelta de los comicios presidenciales y legislativos para el 18 de julio de 2027, abre una posibilidad política, aunque su realización dependerá de condiciones de seguridad suficientes para que los ciudadanos participen libremente.

Desde La Isla Ahora entendemos que ningún pueblo merece vivir eternamente secuestrado por el miedo.

Los ciudadanos haitianos no son sus pandillas. Son, en su inmensa mayoría, las principales víctimas de una crisis que les ha arrebatado la tranquilidad, las oportunidades y, en demasiados casos, la vida.

La lucha contra el crimen organizado debe ser firme, pero también responsable. La cooperación internacional debe producir resultados, no convertirse en una sucesión interminable de misiones sin soluciones duraderas.

Porque Haití no necesita solamente soldados que enfrenten a las pandillas. Necesita instituciones capaces de garantizar que esas pandillas nunca vuelvan a gobernar sus calles.

Y mientras eso no ocurra, toda la isla seguirá enfrentando las consecuencias de una tragedia que exige mucho más que discursos.

La paz de Haití no puede seguir siendo una promesa aplazada.

La Isla Ahora | Una mirada crítica a nuestra realidad.

Fuentes de contexto y verificación

• Reuters, 29 de octubre de 2026: contingente salvadoreño y búsqueda de los cuatro técnicos.
• IPC, 28 de octubre de 2026: inseguridad alimentaria aguda en Haití.
• OIM: datos de desplazamiento interno en Haití.
• Presidencia de República Dominicana, 26 de octubre: posición sobre la frontera.
• Consejo Electoral Provisional de Haití, 28 de octubre: nuevo calendario electoral.