La Isla Ahora
La Isla Ahora | Santo Domingo, 7 de noviembre de 2026. El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 87-26, que modifica la Ley 339-22 sobre el uso de medios digitales en el Poder Judicial. La reforma busca ampliar la utilización de expedientes electrónicos, comunicaciones digitales, firmas cualificadas y mecanismos que permitan tramitar actuaciones judiciales con mayor agilidad, transparencia y seguridad.
Lo digital no elimina la atención presencial
La principal novedad es la prioridad otorgada a los canales digitales, pero la ley preserva la posibilidad de realizar diligencias presenciales en las sedes correspondientes. Se reconoce expresamente la situación de ciudadanos sin dispositivos, conectividad o capacitación tecnológica, de modo que la transformación digital no se convierta en una barrera para acceder a la justicia.
Firmas, audiencias y georreferenciación
La normativa regula la validez de firmas digitales y electrónicas cualificadas en decisiones y actos judiciales; contempla audiencias virtuales conforme a los límites específicos de cada materia y establece una herramienta de georreferenciación ministerial para registrar tiempo y ubicación de diligencias de los alguaciles. Las audiencias penales virtuales quedan sujetas a los casos previstos en la legislación.
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Entrada en vigor y aplicación real
La aplicación de la ley requiere el cumplimiento de las formalidades de publicación y los plazos legales correspondientes. Más allá del texto, su efectividad dependerá de plataformas accesibles, protección de datos, formación del personal, asistencia a usuarios y procedimientos de contingencia cuando fallen los sistemas.
Fuentes: Información original y detalles de la noticia. Esta nota distingue hechos comprobados, alegaciones y hechos futuros cuando corresponde.
