La Isla Ahora
SANTO DOMINGO. ¿Por qué tantas personas pasan por procesos judiciales vinculados a la trata y al tráfico ilícito de migrantes mientras las condenas reportadas son mucho menores? Una investigación divulgada este miércoles 14 de octubre reabrió el debate sobre la persecución de redes que organizan viajes clandestinos.
La memoria de gestión de la Procuraduría General de la República recoge 1,333 personas judicializadas entre 2020 y 2024 por trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Para ese mismo período, los registros de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) suman 107 personas condenadas por esas categorías de delitos.
¿Se puede afirmar que 1,226 quedaron libres?
No. Las dos cifras no corresponden necesariamente a una misma cohorte de imputados o a expedientes concluidos dentro de esos años. Un proceso puede iniciarse en un período y terminar en otro, y parte de las investigaciones sigue distintos ritmos judiciales.
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Por tanto, la diferencia no debe presentarse como un porcentaje de absoluciones ni como una tasa exacta de impunidad sin cruzar expedientes y sentencias.
¿Qué reflejan las condenas registradas?
De acuerdo con el análisis basado en datos de la ONE, hubo 17 personas condenadas en 2020, 11 en 2021, 29 en 2022, 21 en 2023 y 29 en 2024. De las 107 condenas, 71 se relacionan con tráfico ilícito de migrantes y 36 con distintas formas de trata.
Una revisión adicional de sentencias citada en la investigación señala que no todas las penas implican prisión efectiva: algunas tuvieron ejecución suspendida total o parcialmente, conforme a decisiones de los tribunales.
¿Qué relación tienen estas cifras con las yolas?
Diario Libre identificó más de 422 personas sometidas entre 2020 y 2024 en investigaciones sobre organización de travesías marítimas clandestinas. Separadamente, la Armada reportó 26,527 personas detenidas durante intentos de viajes ilegales entre julio de 2018 y marzo de 2025.
Esos detenidos incluyen personas que intentaban salir, no solo presuntos organizadores. Detenciones, sometimientos y condenas son indicadores diferentes y no deben sumarse como si describieran un solo grupo.
La pregunta pendiente
La principal tarea para evaluar la efectividad del sistema es conocer cuántos expedientes terminaron, por qué vía, en qué plazo y con qué resultados. Sin esa trazabilidad, las cifras generan preguntas legítimas pero no prueban por sí solas irregularidades judiciales.
Fuentes: Investigación de Diario Libre, 14 de octubre de 2026; cifras atribuidas a la Procuraduría General de la República y la Oficina Nacional de Estadística.
