Las autoridades reciben las críticas.

Los dirigentes ofrecen declaraciones.

Pero hay alguien que casi nunca se sienta en esa mesa.

El paciente.

Ese dominicano que espera desde hace semanas una consulta.

La madre que necesita llevar a su hijo al especialista.

El envejeciente que depende de un seguimiento médico.

La persona que tiene que conseguir dinero para trasladarse hasta un hospital público.

¿Qué ocurre con ellos cuando se paralizan los servicios?

Los médicos tienen razones para reclamar

El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció una paralización nacional de 24 horas para el martes 13 de octubre en los centros de salud públicos, con excepciones anunciadas para emergencias y cuidados críticos.

Entre sus demandas figuran pagos de incentivos, guardias médicas, nuevas plazas y mejores condiciones de seguridad e infraestructura.

Son asuntos que merecen atención.

Un médico necesita condiciones dignas para trabajar. Un hospital necesita personal suficiente. Y un sistema de salud no puede funcionar correctamente cuando existen compromisos laborales pendientes de resolver.

Pero reconocer esos reclamos no significa ignorar las consecuencias de una huelga.

Porque la salud no es un servicio cualquiera.

Una consulta perdida puede significar mucho más que una cita reprogramada.

¿Quién responde por la cita que se pierde?

El gremio ha informado que las emergencias y los cuidados críticos continuarán funcionando.

Es una garantía importante.

Pero no resuelve todas las preocupaciones.

¿Qué pasará con las consultas programadas?

¿Con los pacientes que necesitan seguimiento?

¿Con quienes tengan que viajar desde otra provincia para recibir atención?

¿Quién les avisará si su cita será suspendida?

¿Quién garantizará que sean atendidos posteriormente sin tener que comenzar nuevamente el proceso?

Estas preguntas necesitan respuestas antes del martes.

No después.

Porque para una persona enferma, perder un día de atención puede representar un problema real.

El diálogo no puede comenzar cuando llega la huelga

El CMD sostiene que ha agotado gestiones para obtener respuestas a sus demandas.

Si existen compromisos pendientes, corresponde a las autoridades explicar cuáles se han cumplido, cuáles faltan y cuándo podrían resolverse.

También corresponde al gremio mantener abiertos los canales de negociación y procurar que las medidas de presión afecten lo menos posible a la población.

La ciudadanía merece conocer los hechos, no solamente las acusaciones de una parte y las respuestas de la otra.

Un calendario de compromisos verificables sería más útil que una nueva confrontación.

Y un plan público de continuidad de servicios permitiría a los pacientes saber a qué atenerse.

La salud no puede convertirse en una disputa sin soluciones

Hay una realidad que debemos reconocer.

Los derechos de los médicos importan.

Los derechos de los pacientes también.

No deberían presentarse como si fueran incompatibles.

De hecho, mejores condiciones laborales, más personal y hospitales seguros pueden beneficiar directamente a quienes buscan atención.

Por eso el problema de fondo no se resuelve únicamente evitando un paro.

Se resuelve atendiendo las deficiencias que lo provocan y estableciendo mecanismos de diálogo que no dependan de amenazas de paralización.

El país necesita hospitales que funcionen, médicos que puedan ejercer dignamente y pacientes que reciban atención oportuna.

El 13 de octubre todavía puede ser diferente

Quedan días para que se produzca la huelga anunciada.

Ese tiempo debería utilizarse para negociar, informar y organizar los servicios.

Las autoridades tienen la responsabilidad de responder con claridad a los reclamos.

El gremio médico tiene la responsabilidad de proteger la continuidad de la atención esencial y explicar el alcance de su protesta.

Y ambos deben recordar que detrás de cada expediente hay una persona.

El paciente no convocó la huelga. No negocia los incentivos. No decide los presupuestos.

Pero puede terminar sintiendo sus consecuencias.

Ese es el punto que no debemos perder de vista.

Que los médicos sean escuchados. Que las autoridades respondan. Pero que los pacientes no sean los que paguen el precio del desacuerdo.

Porque cuando se trata de salud, el diálogo no debería llegar después de la espera.

Debería llegar antes.

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