Y una pregunta que no debe desaparecer entre comunicados oficiales, discusiones políticas y antecedentes judiciales: ¿era necesario disparar?

La ley migratoria tiene límites

Estados Unidos tiene derecho a aplicar sus leyes migratorias, ejecutar órdenes de detención y actuar contra quienes presuntamente cometan delitos. Eso no significa que toda actuación de sus agentes esté automáticamente justificada.

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que Belgal se negó a salir del vehículo, intentó escapar y embistió dos automóviles oficiales. Las autoridades también han mencionado una condena previa por hurto mayor y un proceso pendiente por asuntos relacionados con drogas.

Esos señalamientos deben incluirse para que el lector conozca la posición del Gobierno estadounidense. Pero ni los antecedentes penales ni una acusación pendiente determinan por sí solos si el uso de fuerza potencialmente mortal fue necesario en ese momento.

La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, confirmó que uno de los agentes disparó siete veces. Hay grabaciones que muestran parte del operativo, pero las imágenes divulgadas no permiten resolver todas las preguntas sobre la amenaza alegada y la secuencia exacta de los hechos.

Una cosa es alegar defensa propia; otra, acreditar con pruebas que se cumplían las condiciones para disparar.

¿Y el niño de cinco años?

Aquí se encuentra uno de los aspectos más inquietantes del caso: dentro del automóvil viajaba un niño que no podía comprender ni controlar lo que estaba ocurriendo.

El Gobierno federal ha sostenido que los agentes no sabían que el menor se encontraba allí cuando se produjeron los disparos. Esa explicación merece ser examinada con el mismo rigor que el resto de la intervención.

Aunque el pequeño no sufrió heridas físicas, su madre, Arianna Montero, relató que desde el incidente tiene pesadillas y que ha dejado de hablar. Son efectos que ella describe y que deben atenderse sin convertirlos en un diagnóstico clínico no establecido públicamente.

La ausencia de una herida visible no significa que una situación de violencia no haya dejado consecuencias.

Cuando un agente dispara en una zona habitada, el riesgo no termina en la persona a la que intenta detener. Puede alcanzar a niños, acompañantes y transeúntes. Precisamente por eso los protocolos para el uso de la fuerza deben ser exigentes.

La situación migratoria no borra los derechos

En los debates migratorios, algunas discusiones terminan reduciendo a las personas a su estatus legal. Es una simplificación peligrosa.

Una persona puede estar sujeta a un procedimiento de deportación y conservar, al mismo tiempo, derechos fundamentales y garantías procesales. Y las autoridades pueden investigar delitos sin quedar dispensadas de rendir cuentas por sus propios actos.

No se trata de defender la impunidad de nadie. Se trata de exigir que cada responsabilidad se determine por los cauces de la ley y con pruebas suficientes.

Si existió una amenaza real e inmediata contra los agentes, una investigación rigurosa debe establecerla. Si la fuerza empleada resultó injustificada o desproporcionada, también deben establecerse las responsabilidades.

Un juez interviene, pero todavía no hay respuestas finales

El juez federal Paul Oetken ordenó suspender temporalmente la deportación de Belgal mientras se examina un recurso de emergencia de su defensa. También impuso límites a su traslado fuera de determinadas jurisdicciones.

La orden no equivale a una excarcelación ni resuelve si el tiroteo fue legítimo. Los abogados de Belgal informaron, además, que el domingo 11 todavía tenía un proyectil alojado en el cuello y aguardaba atención médica adicional. Esa información procede de su equipo legal.

La Fiscalía del Bronx anunció una investigación sobre el incidente. Es indispensable que se examinen las grabaciones disponibles, los testimonios, las órdenes que recibieron los agentes y las condiciones reales del momento en que abrieron fuego.

¿Qué ocurrió antes de los disparos? ¿Qué amenaza concreta percibieron los agentes? ¿Se valoró el riesgo para el menor? ¿Se agotaron otras alternativas razonables?

Estas preguntas no sustituyen una investigación. Explican por qué esa investigación es imprescindible.

¿Qué debe hacer República Dominicana?

Este caso también interpela a las autoridades dominicanas. Un ciudadano nacional herido y detenido en el extranjero debe tener acceso, conforme a la ley aplicable, a la asistencia consular que corresponda.

Ello no supone interferir en los tribunales estadounidenses ni prejuzgar el expediente migratorio. Supone velar por que existan información, atención y garantías adecuadas.

Hasta el momento de esta revisión no hemos encontrado confirmación suficiente de gestiones consulares específicas en este caso. Por ello, hacemos un llamado a verificarlas y comunicarlas, en vez de darlas por realizadas.

La seguridad no puede perder su humanidad

Desde La Isla Ahora defendemos el cumplimiento de la ley y, con la misma firmeza, el respeto a la vida. Una política migratoria puede ser estricta sin prescindir de los límites al uso de la fuerza.

No necesitamos decidir de antemano que todos los agentes actuaron mal ni aceptar sin examen que todos actuaron correctamente. Necesitamos pruebas, independencia y transparencia.

Hoy sabemos que un dominicano terminó herido y que un niño de cinco años presenció una intervención armada de la que salió físicamente ileso. Su familia denuncia consecuencias emocionales y las versiones sobre la justificación del tiroteo siguen bajo examen.

La autoridad es necesaria. La ley es necesaria. La seguridad es necesaria. Pero ninguna está por encima de la vida humana.

Mientras el caso no se esclarezca, una pregunta seguirá resonando: ¿era necesario disparar cuando había un niño dentro de aquel vehículo?

La Isla Ahora — Lo que pasa. Sin rodeos.

Fuentes para contrastar los hechos: Associated Press; Reuters; Agencia EFE; Diario Libre; News 12.