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Tres contratos por un total de RD$133.2 millones adjudicados por la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial fueron cuestionados en una auditoría de la Contraloría General de la República por la vinculación de sus beneficiarios con empleos públicos. Los hallazgos fueron divulgados este jueves 8 de octubre de 2026.
Según la investigación publicada por Diario Libre, las adjudicaciones para construir o remodelar obras se relacionan con tres proveedores que figuraban como servidores públicos. La suma autorizada en los contratos fue de RD$133,233,565.44.
El señalamiento de los auditores se refiere a posibles incompatibilidades frente a las prohibiciones de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y las disposiciones de función pública. No constituye por sí solo una sentencia penal ni demuestra que las obras no se ejecutaran.
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¿En qué obras se invirtió el dinero?
El contrato de mayor cuantía, por RD$68.7 millones, estaba vinculado a la reconstrucción del campo de béisbol Villa Cerro, en Higüey. Otros dos contemplaban funerarias municipales en Canca la Reina y Monte Plata, y trabajos de reparación en el Parque Arqueológico La Isabela Histórica, en Puerto Plata.
El cuestionamiento se centra en la condición de los contratistas y sus vínculos con entidades estatales al momento de la contratación, un aspecto que las instituciones deben revisar antes de adjudicar recursos públicos.
¿Qué explicó Desarrollo Provincial?
De acuerdo con el informe reseñado, la comisión argumentó que verificó el Registro de Proveedores del Estado, remitió los contratos para registro previo y no disponía entonces de un oficial de cumplimiento que identificara las incompatibilidades.
La Contraloría mantuvo el hallazgo porque consideró que esas circunstancias no eliminaban la observación legal. El reporte consignó que el asunto permanecía en proceso de subsanación, sin precisar una medida correctiva definitiva.
La pregunta que queda
Además de explicar cómo se otorgaron los contratos, hace falta conocer si fueron revisados jurídicamente, qué medidas administrativas se adoptaron y cuáles fueron sus resultados. Es información importante para evaluar cómo funcionan los filtros de contratación del Estado.
El caso debe investigarse con rigor, sin adelantar condenas sobre los proveedores ni los funcionarios mencionados. El hecho verificable es la observación de auditoría y la necesidad de transparentar su resolución.
Fuentes: Diario Libre, 8 de octubre de 2026.
