Por eso hay un dato que debería preocuparnos.

De las 53,877 órdenes de arresto pendientes registradas por la Policía Nacional, 17,635 están relacionadas con violencia intrafamiliar.

Sí.

Más de 17 mil.

Y detrás de esos números hay una pregunta que no podemos ignorar:

¿qué pasa con quien denunció mientras esa orden sigue pendiente?

No sabemos cuántas de esas órdenes corresponden a víctimas que actualmente se encuentran en situación de alto riesgo. Precisamente por eso el dato exige más información: ¿qué pasa con quien denunció mientras una orden relacionada con su caso sigue pendiente?

Denunciar debería ser el comienzo de la protección

Durante años hemos repetido a las víctimas de violencia:

Denuncia.

No te quedes callada.

Busca ayuda.

Ve a la Fiscalía.

Llama a las autoridades.

Y es correcto.

El silencio puede proteger al agresor y aumentar el peligro.

Pero también tenemos que mirar lo que ocurre después.

Porque convencer a una persona de denunciar es apenas la primera parte.

Después tiene que aparecer el Estado.

Tiene que funcionar la investigación.

Tiene que evaluarse el riesgo.

Tienen que activarse las medidas de protección que correspondan.

Y cuando una autoridad competente emite una orden de arresto, esa orden necesita seguimiento.

Porque de poco sirve decirle a alguien “denuncia” si después siente que quedó sola.

Una orden no significa culpabilidad

También debemos ser responsables.

Una orden de arresto no equivale a una condena.

La persona requerida tiene derecho al debido proceso, a defenderse y a que sean los tribunales quienes determinen su responsabilidad.

Eso no está en discusión.

Pero proteger las garantías del requerido y proteger a una posible víctima no son cosas incompatibles.

Un Estado de derecho debe poder hacer ambas.

¿Cuánto tiempo llevan pendientes?

Aquí aparece una pregunta fundamental.

No basta con saber que existen 17,635 órdenes relacionadas con violencia intrafamiliar.

Necesitamos saber desde cuándo están pendientes.

Porque no es lo mismo una orden emitida ayer que otra que lleve meses sin ejecutarse.

¿Cuántas son recientes?

¿Cuántas tienen semanas?

¿Cuántas llevan meses?

¿Cuántas corresponden a personas que no han podido ser localizadas?

¿Y cuántas involucran casos considerados de alto riesgo?

Esas respuestas importan.

Mucho.

No podemos esperar la próxima tragedia

Hay algo que hacemos demasiado frecuentemente.

Cuando ocurre una tragedia, comenzamos a reconstruir la historia.

Preguntamos si había denunciado.

Si existían amenazas.

Si había antecedentes.

Si alguna institución conocía el caso.

Si había una orden.

Y entonces aparecen documentos, testimonios y advertencias que adquieren importancia cuando ya es demasiado tarde.

Tenemos que cambiar esa lógica.

La pregunta no debería aparecer solamente después de una muerte.

Tiene que hacerse antes:

¿quién está en peligro ahora mismo?

Más que una estadística

Diecisiete mil seiscientas treinta y cinco órdenes relacionadas con violencia intrafamiliar no pueden convertirse simplemente en otro número impresionante que circule durante dos días por las redes sociales.

Hay que mirar detrás de la cifra.

Puede haber mujeres.

Puede haber hombres.

Puede haber niños.

Puede haber familias completas viviendo situaciones difíciles mientras esperan una respuesta institucional.

No todas esas órdenes representan necesariamente el mismo nivel de riesgo y cada expediente tiene circunstancias particulares.

Precisamente por eso deberían estar clasificadas, evaluadas y atendidas según su urgencia.

Porque cuando hablamos de violencia dentro del hogar, el tiempo importa.

Denunciar tiene que servir para algo

Queremos una sociedad donde quien está siendo maltratado tenga valor para pedir ayuda.

Perfecto.

Entonces construyamos también un sistema capaz de responder cuando esa persona finalmente lo hace.

No podemos colocar toda la responsabilidad sobre la víctima.

No podemos decir:

“¿Por qué no denunció?”

Y cuando denuncia, dejarla preguntándose qué viene después.

Denunciar debería abrir una puerta hacia la protección, no hacia una sala de espera.

Por eso, frente a estas más de 17 mil órdenes pendientes relacionadas con violencia intrafamiliar, hay una pregunta que debería preocuparnos mucho más que cualquier estadística:

Denunció… ¿y ahora quién la protege?