Los centros oncológicos denunciaron este martes presuntas modificaciones en las prescripciones médicas, cambios de prestadores y mecanismos de entrega de medicamentos especializados que, según advierten, podrían poner en riesgo la seguridad de los pacientes.

SeNaSa respondió que respeta las indicaciones de los médicos tratantes, utiliza protocolos clínicos internacionales y adquiere medicamentos de proveedores autorizados.

Son dos posiciones que deben examinarse con seriedad.

Porque aquí no estamos hablando de una simple diferencia administrativa.

Estamos hablando de pacientes cuya salud puede depender de recibir el medicamento correcto, en las condiciones adecuadas y en el momento oportuno.

El paciente no puede quedar atrapado en la discusión

Una persona diagnosticada con cáncer enfrenta una carga física, emocional y económica considerable.

Detrás de cada tratamiento hay una familia pendiente de una consulta, un resultado médico o la próxima aplicación de un medicamento.

La incertidumbre ya forma parte de su vida.

Lo último que necesita es preguntarse si una decisión administrativa podría alterar su tratamiento.

ASODCO ha expresado preocupación por la trazabilidad de los medicamentos, las condiciones de almacenamiento y los procedimientos utilizados para entregarlos.

Son asuntos técnicos que requieren explicaciones igualmente técnicas.

No basta con afirmar que todo está funcionando correctamente.

Pero tampoco sería responsable dar por comprobadas las irregularidades denunciadas sin una investigación.

Lo que corresponde es establecer con claridad qué procedimientos se utilizan, quién los supervisa y cómo se protege a los pacientes.

SeNaSa tiene derecho a responder, pero debe ofrecer garantías

La respuesta de SeNaSa contiene elementos que merecen atención.

La aseguradora sostiene que las solicitudes de tratamientos son evaluadas por médicos especializados, tomando como referencia las prescripciones de los profesionales tratantes y las guías clínicas internacionales.

También asegura que utiliza proveedores autorizados y que ha sostenido tres reuniones con representantes del sector oncológico.

Es positivo que exista diálogo.

Pero la población necesita conocer resultados concretos.

¿Puede modificarse un medicamento indicado por el especialista?

Si se propone una alternativa terapéutica, ¿quién toma la decisión definitiva?

¿Qué mecanismos permiten comprobar que el producto entregado conserva las condiciones necesarias?

¿Existe un procedimiento rápido para resolver una controversia antes de que afecte la continuidad del tratamiento?

Estas preguntas merecen respuestas públicas, comprensibles y verificables.

Ahorrar recursos no puede significar aumentar riesgos

Administrar eficientemente los fondos de la seguridad social es una obligación.

Los medicamentos oncológicos pueden representar costos elevados y las aseguradoras deben procurar que los recursos permitan atender a la mayor cantidad posible de pacientes.

Pero el ahorro no puede convertirse en el único criterio para tomar decisiones.

La eficacia clínica, la seguridad, la calidad y las necesidades particulares de cada paciente deben ocupar un lugar central.

Una sustitución terapéutica puede ser apropiada en determinadas circunstancias, siempre que exista fundamento médico y se respeten las normas correspondientes.

Lo que no puede aceptarse es que una decisión puramente administrativa sustituya sin justificación el criterio clínico.

La discusión, por tanto, no debe reducirse a quién compra o distribuye los medicamentos.

Debe concentrarse en cómo se garantiza que cada paciente reciba la atención que necesita.

Que intervengan las autoridades competentes

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el Ministerio de Salud Pública y las autoridades regulatorias tienen la responsabilidad de examinar las denuncias dentro de sus respectivas competencias.

Si existen irregularidades, deben corregirse y establecerse las responsabilidades correspondientes.

Si los procedimientos son adecuados, también debe explicarse con evidencias.

La transparencia protege a los pacientes, pero igualmente fortalece la confianza en las instituciones.

Y mientras se desarrolla cualquier investigación, la continuidad de los tratamientos debe mantenerse como una prioridad.

Ningún paciente debería tener que convertirse en protagonista de una controversia pública para conseguir una respuesta sobre sus medicamentos.

La salud no admite improvisaciones

Este conflicto ofrece una oportunidad para mejorar los mecanismos de autorización, adquisición, distribución y supervisión de medicamentos especializados.

También debe servir para fortalecer la comunicación entre las aseguradoras, los médicos tratantes, los centros especializados y los pacientes.

Porque una persona con cáncer no necesita escuchar una batalla de comunicados.

Necesita certeza.

Necesita atención.

Necesita saber que su tratamiento no dependerá de una disputa administrativa.

Y necesita confiar en que las instituciones están trabajando para protegerla.

Con el cáncer no se juega. Y con la tranquilidad de los pacientes, mucho menos.