Las autoridades dominicanas extraditaron a Puerto Rico a Patricia Joanna Almonte-Frías y Rineldys Feliciano Díaz-Cuevas, una pareja señalada por fiscales federales estadounidenses en una presunta trama de sextorsión y acoso cibernético.

La Fiscalía federal del Distrito de Puerto Rico informó el viernes 9 de octubre que ambos habían sido detenidos en República Dominicana el 19 de agosto de 2026 y extraditados a Estados Unidos el 30 de septiembre. Ya comparecieron por primera vez ante un magistrado federal el 1 de octubre.

¿De qué los acusa la fiscalía?

Según documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia de EE. UU., los acusados habrían utilizado Facebook, WhatsApp y otras plataformas para obtener imágenes íntimas y luego amenazar a víctimas con divulgarlas si no entregaban dinero.

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La acusación indica que algunas personas transfirieron fondos por temor a la exposición de su material privado, pero aun así las amenazas habrían continuado. Estas afirmaciones corresponden a la teoría del caso de la fiscalía y están pendientes de resolución judicial.

¿Cuáles cargos enfrentan?

Los dos son acusados de conspiración para cometer acoso cibernético y enviar amenazas entre jurisdicciones. El comunicado oficial señala que, de ser condenados, podrían enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión.

La investigación está a cargo del FBI en San Juan, con cooperación de organismos dominicanos y estadounidenses.

Cómo protegerse frente a la sextorsión

Una amenaza de publicar imágenes privadas no debe resolverse pagando automáticamente al extorsionador: no hay garantía de que cese. Es recomendable conservar pruebas de los mensajes, denunciar ante la plataforma correspondiente y acudir a las autoridades competentes.

En República Dominicana las víctimas pueden acudir a los cuerpos encargados de investigar delitos tecnológicos y buscar apoyo especializado.

La presentación de cargos no equivale a una condena. Ambos acusados conservan la presunción de inocencia.

Fuentes consultadas: Departamento de Justicia de EE. UU., fiscalía de Puerto Rico, 9 de octubre.